Este año se definirá el futuro de DACA

351
P11.13
P11.13

El año legislativo de 2018 comienza con grandes retos para la lucha de los inmigrantes acogidos por las directrices del tambaleante DACA y el moribundo TPS.

Son más de un millón los indocumentados amparados por estos programas, que serán estudiados por la Corte Suprema desde el primer mes del año para arrojar una pronta solución y definir sus estatus migratorios.

Una decisión pendiente y de urgente resolución exigen los acogidos de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que surgió en 2012 bajo la administración del expresidente Barack Obama. DACA es un programa de regularización temporal para los jóvenes indocumentados que llegaron junto a sus padres.

Los Dreamers son cerca de 700.000, y sus planes se vieron afectados cuando, en septiembre de 2017, por mandato del actual presidente, Donald Trump, el exfiscal general, Jeff Sesión, proclamó la rescisión del programa.

Sin embargo, casi cuatro meses después de derogado, DACA revivió de la mano de un juez federal en California, que ordenó mantener el programa y pidió al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) continuar aceptando renovaciones. Con la adición de nuevos magistrado federales y la intervención de la máxima instancia judicial, una corte federal de apelaciones bloqueó la eliminación definitiva del programa.

En paralelo, otros 430.000 inmigrantes (350.000 centroamericanos) están protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), que acobija a los migrantes afectados por guerras o desastres naturales. La administración lo canceló para algunos países de oriente medio y, en general, su continuidad no está garantizada.

Un grupo de 3.000 miembros del TPS, en asociación con algunas organizaciones, llegarán a Washington en febrero para solicitar al Congreso una decisión permanente, aprovechando la mayoría demócrata en la Cámara Baja.

Muchos congresistas de raíces hispanas han pedido priorizar la legislatura para los programas del DACA y el TPS.