La política fue decretada durante el gobierno de Donald Trump en 2017.
Desde entonces, se ha venido sumando, para los solicitantes de visa, el requisito de informar las identidades que los extranjeros hayan usado en redes sociales en los últimos cinco años.
Esta política fue objeto de una querella legal que inició en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia.
El gobierno respondió a la querella diciendo que “no anticipa cambio inminente alguno en la política del Departamento de Estado que sustancia este litigio”, de acuerdo con EFE Noticias.
A la respuesta siguieron críticas de organizaciones proinmigrantes y derechos civiles.
En caso de que los solicitantes de visa no provean sus cuentas de plataformas como Facebook, Twitter o Reddit, pueden ser acusados de fraude en los trámites.
“La recolección masiva de identidades en redes sociales crea la ‘apariencia’ de seguridad alimentando las ‘soluciones’ de Gran Colección de Datos usando la vigilancia en masa”, criticó Aaron Reichlin Melnick, del American Immigration Council, en Twitter.
