Juez federal impide la construcción de un gran tramo del muro fronterizo

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Tras la declaración de emergencia nacional proferida por el Presidente, Donald Trump, hace unos meses, rápidamente fueron puestos a disposición los fondos demandados para la construcción del muro en la frontera con México.

El Departamento de Defensa llegó a transferir $2.500 millones entre marzo y mayo para la puesta en marcha de la obra —y se esperan al menos unos $3.600 millones más—.

No obstante, recientemente, un juez federal falló en contra del Presidente al suspender legalmente la construcción del muro fronterizo con los fondos captados por la declaración de emergencia.

El juez de distrito, Haywood Gilliam Jr., fue quien se encargó de declarar la disposición, con la que, además, se interrumpe toda gestión posterior del gobierno por usar el dinero asignado a las fuerzas de seguridad para la construcción del muro, específicamente, a los dos proyectos activos por añadir 82 kilómetros de valla fronteriza.

El fallo es el primero en detener con propiedad la iniciativa de Trump, tras las demandas impuestas con anterioridad por al menos 20 estados en el país, incluyendo a California, New York, Illinois o Nuevo México, así como el grupo ambientalista Sierra Club y un colectivo de comunidades fronterizas contra la propuesta del muro.

Gilliam Jr. ha dicho que el argumento más potente para la posible confrontación legal será el hecho de que el Presidente ignoró el consejo del Congreso e impuso, mediante un recurso extraordinario, la construcción del muro.

“El control ‘absoluto’ del Congreso sobre el gasto federal —incluso cuando ese control podría frustrar los deseos del poder ejecutivo con relación a las iniciativas que considera importantes— no es un error en nuestro sistema constitucional. Es una característica de ese sistema, y una esencial”, dijo el juez en un texto donde expresaba su postura.

Y es que, haciendo memoria, recordaremos el exitoso bloqueo que el Congreso jugó al Presidente al negarse a aprobar los fondos que éste pedía para la consecución de su principal propuesta de campaña electoral. Incluso algunos Republicanos se pusieron en su contra. Esto ocurrió en febrero y como antecedente se tiene el duro mes de diciembre de 2018, cuando la discusión por la financiación de la obra llevó al cierre parcial de gobierno más largo de la historia.

De esta confrontación, el Congreso acordó ceder unos $1.375 millones, y solo para la extensión o renovación de las barreras fronterizas ya existentes en el Valle de Río Grande, Texas.

El celo de Trump por la construcción del muro (ya que pedía al menos $8.000 millones) lo llevó al recurso extraordinario de la declaración de emergencia nacional. De la declaración extrajo $3.600 millones de las fuerzas militares, $2.500 millones del Departamento de Defensa, división de antinarcóticos, y otros $600 millones de algunos activos del Departamento del Tesoro.

El procedimiento judicial, que significa una interrupción provisional y sumaria de las dos licitaciones más importantes para el proyecto de construcción, está enmarcado en un gran enfrentamiento por la legalidad de las obras en la frontera.  

Con la decisión de Gilliam Jr., se espera que se encienda la discusión judicial y una respuesta del Presidente, que ve sus esfuerzos derrumbados por vía de la legalidad.