Juzgados del país tumban la normativa de ‘carga pública’ impulsada por la Administración

Varios juzgados alrededor del país han dado de baja la ley de ‘carga pública’ emitida por el gobierno hace algunos meses, por la cual, los inmigrantes que busquen acceder a una green card podrán ser rechazados si el gobierno encuentra que tienen posibilidades de usar beneficios sociales como váuchers de alimentación o Medicaid.

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Nada más al cierre de la semana pasada, tres autoridades judiciales bloquearon la entrada de la nueva regulación, que estaba programada para regir desde este martes.

El juez George Daniels, de la Corte del Distrito de Manhattan, emitió un requerimiento judicial para todo el país, quedando prohibido el cambio en la normativa que la Administración de Donald Trump buscó en la figura de ‘carga pública’. En suma, el gobierno intentó redefinir el término legal de ‘carga pública’ para que afectará a una población más grande. El término refiere a aquellos sujetos que dependen de los beneficios sociales y subsidios del Estado para subsistir.

Además del juez Daniels, otro juez federal en el estado de Washington también determinó bloquear el cambio en la normativa, al igual que un juez de corte distrital en San Francisco.

Estas reacciones legales responden a los esfuerzos de varios colectivos partidistas y agrupaciones pro-inmigración, en especial, de estados demócratas y con mayorías hispanas. En total, y después del anuncio de la iniciativa por parte de la Administración, cerca de una docena de demandas judiciales (apoyadas por 21 estados más el Distrito de Columbia) comenzaron a resonar entre las cortes federales a lo largo del país.

El argumento del juez Daniels para rechazar el cambio de la figura legal de ‘carga pública’ giró en torno a las razones defendidas por la Administración para ejercer dicho cambio. Para Daniels, la iniciativa era una expresión de exclusión “en busca de justificación”:

“[La iniciativa de la Administración] Es repugnante para el sueño americano, la oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la movilidad ascendente”, criticó con solidez el juez en su respuesta escrita […] En resumen, los defensores no explican por qué están cambiando la definición de carga pública, por qué esta nueva definición es necesaria ahora, o por qué la definición establecida en la regla -que no tiene absolutamente ningún apoyo en la historia de la ley de inmigración de Estados Unidos- es razonable”.

Los directos favorecidos por la respuesta legal son los inmigrantes que buscan aplicar a una green card u otros tipos de visa, quienes habrían sido de inmediato repelidos por el sistema migratorio de haberse encontrado que han accedido, acceden o tienen probabilidades futuras de acceder a los beneficios del gobierno, como el Medicaid.

De acuerdo con los acusadores de la iniciativa, esta suponía una discriminación hacia los migrantes de bajos ingresos provenientes de naciones en vía de desarrollo, además de afectar el cuidado de niños cuyas familias podrían evadir el uso de los beneficios estatales con tal de no ser excluidos por el sistema de migración estadounidense.

A este gran trago amargo para la presidencia, se suma el obstáculo legal impuesto por una corte en Texas, donde un juez federal encontró ilegal la desición de Donald Trump por desviar $3.6 millones provenientes del Pentágono y dirigidos a construcciones militares hacia el muro en la frontera sur.