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lunes, diciembre 5, 2022

La decisión de la Corte Suprema sobre DACA mantiene en vilo a los “Dreamers”

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El programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) se encuentra en una suerte de vilo judicial. No obstante, sus beneficiarios mantienen el derecho para aplicar a la renovación y así permanecer amparados ante cualquier medida que involucre deportación mientras la Corte Suprema delibera sobre el caso.

El DACA fue creado en el 2012 durante la administración de Barack Obama, como una medida administrativa para evitar la deportación de aquellas personas que habían llegado a la nación en edad infantil. El programa les permite optar por una licencia renovable de dos años, mas no tiene como fin otorgar la nacionalidad. Trámite que, en todo caso, podría ser paralelo.

La protección no solo radica en evitar la deportación, sino que contempla un permiso laboral. Lo que se traduce a su vez en posibilidades de ingreso a sistemas educativos, e incluso, en algunos estados, permisos de conducción, acceso a colegiaturas para residentes estatales, créditos con fines educativos o becas.

Como “Dreamers” se conoce al grupo social que se vio beneficiado con la medida, los mismos que han visto impedido el acceso al programa a nuevos jóvenes inmigrantes, debido a la iniciativa de la administración Trump, que manifestó en septiembre de 2017 el objetivo de acabar con el programa. A la fecha, el número de beneficiarios asciende a más de 800.000 personas.

Como consecuencia de las demandas proferidas en contra de la administración, en las que se determina como un acto ilegal el cierre del programa, los beneficiarios han continuado haciendo uso de los derechos otorgados. Esto gracias a que las demandas consiguieron medidas cautelares en Cortes Distritales en los estados de California, New York y en Columbia.

No obstante, esta medida, adjudicada por cortes menores, es transitoria, todo se supedita al fallo oficial que se espera de la Corte Suprema. Quienes aplauden el fin del programa alegan medidas inconstitucionales en la que se cita a su creación misma como fruto de una orden ejecutiva y no mediada por el Congreso. Se sostienen de igual modo bajo lo que describen como una necesidad: la disminución en los índices de inmigrantes, así como la deportación de aquellas personas que han ingresado de manera ilegal al país.

Aquellos que se encuentran a favor del programa, y no solo los directos beneficiarios, lo que hace necesario recordar la gran popularidad que a nivel nacional presenta DACA, defienden que el programa ha recibido a personas con muchos años de ser miembros activos de la sociedad. Argumentan que la administración Trump no cuenta con razones de peso para ponerle fin, y que al hacerlo dañaría a muchas familias.

La productividad de los “dreamers” es un factor significativo, reconoció la ex gobernadora y actual presidenta de la Universidad de California, Janet Napolitano, en entrevista con Az central: “Con la protección de DACA han tenido la oportunidad de tener éxito en sus carreras luego de su graduación. Perder a estos profesionales del sector laboral, le costaría al país en producto interno bruto la asombrosa cifra de $460 billones en el transcurso de una década”.

Las palabras de la ex gobernadora hacen eco a muchos de los estudiantes que acoge la universidad de California, en quienes ha evidenciado la seria preocupación desde que el entonces fiscal de la nación, Jeff Sessions, anunciara, en septiembre de 2017, “Que todas las políticas migratorias deberían respetar a los ciudadanos estadounidenses y a los inmigrantes que están aquí de forma legal”.

Es el concepto de legalidad el eje de todo el asunto, como bien reconoce el abogado Luis Cortes, uno de los beneficiarios del programa, quien advierte que ese es un título que pesa sobre el inmigrante, por lo que agradece que “Además de poder trabajar, sacar una licencia de conducir y otros beneficios, DACA me quitó el miedo a hablar sobre mi estatus”, como dijo a Efe el pasado 8 de junio.

El abogado de ascendencia mexicana reconoce que no será una batalla fácil, pero espera que la Corte tenga en cuenta todo lo que está en juego. Los posibles escenarios, como reconoce Douglas Interiano, director general de Proyecto Inmigrante (programas de representación legal y de servicio de asesoría de inmigración), estriba en las siguientes posibilidades: 

La corte podría declararse impedida para revisar la orden ejecutiva y determinar que debe ser el presidente mismo quien decida qué hacer con los ya beneficiarios del programa, o bien cancelarlo de forma definitiva, por considerarlo, entonces, carente de bases jurídicas. Y en el caso más optimista, el tribunal revisaría la decisión del gobierno y podría juzgar como ilegal su cancelación.

Se estima que en Ohio se encuentran más de 4.000 “dreamers” que, al igual que Luis Cortés, reconocen que lo que está en discusión trasciende a las vidas enteras de miles de familia. Como es el caso de Harjyot Singh, quien proviene de New Delhi, India, y lleva en Ohio 19 años, prácticamente su vida entera.

Harjyot, graduada de Dublin Coffman High School y ahora estudiante de psicología en Ohio State University, advirtió al The Statehouse News Bureau, en noviembre del año pasado, que “Ellos no están cuestionado solo algunos documentos, están cuestionando nuestras vidas”.

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