La expansión de la normativa de “carga pública” afectará a las comunidades más vulnerables del país

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Después de ampliar el alcance de la figura legal de “carga pública”, La Administración de Trump ha propuesto una nueva normativa que cierra la posibilidad de obtención de la residencia a los inmigrantes que hagan uso de beneficios sociales en el país, como cupones de alimentos o Medicaid.

Se trata, en efecto, y en medio de su cruzada antiinmigración, de un duro golpe que afectará a los solicitantes más vulnerables, como ha dicho la Fiscalía de California, que ya ha denunciado la medida.

La ofensiva tomará efecto en dos meses, hacia octubre. El Gobierno se aferró de la definición de “carga pública”, personas que dependen de los recursos públicos del Estado para subsistir. Así, lo que la Administración hizo, en parte bajo el consejo de Stephen Miller, fue expandir el alcance de esta definición.

En cuanto la medida surta efecto, los inmigrantes que apliquen legalmente a una green card, verán sus esperanzas truncadas si reciben “uno o más beneficios públicos durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses”. Es decir, alguien que dependa de los cupones de alimentos para poder mantener a su hogar en un año verá negada su residencia.

De aquí se sigue que los mayores afectados serán los beneficiarios de los programas de ayuda pública más populares del país, como el Medicaid, el SNAP o cualquier persona que haya recibido subsidios de vivienda.

Pero la nueva normativa no termina ahí. La expansión de la definición de “carga pública” alcanza a quienes no tengan un título universitario o no dominen el inglés, ya que la medida obliga analizar varios criterios en el solicitante de residencia para comprobar si será “carga pública” en el futuro: ingresos, crédito y toda clase de recursos financieros entrarán en juego.

Entre otras cosas, quienes hayan recibido beneficios públicos por un tiempo determinado y no apliquen a una residencia también serán afectados porque calificarán como inelegibles para extender su estadía o cambiar de estatus.

Esta nueva normativa ha sido celebrada por muchos sectores del país, argumentando que la decisión del Presidente es un guiño a los valores americanos de la autonomía, la autosuficiencia y responsabilidad personal.

Pero, por el otro lado, varios colectivos legales han anunciado denuncias. Claramente, la política obligará a un buen número de familias en todo el país a abandonar servicios esenciales que son indispensables para sus hijos, sobre todo en hogares con salarios por debajo del umbral de la pobreza. Sobre todo, en hogares inmigrantes de bajos recursos.

Esta última es la posición del Distrito de Columbia y los Estados de Maine, Oregon, Pennsylvania y California, el Estado con más inmigrantes de Estados Unidos (un aproximado de diez millones de personas).

De acuerdo con la Fiscalía de California, que ya procuró una demanda contra la normativa, argumentando, entre otras cosas, que el Gobierno obstaculiza los esfuerzos del Estado por proteger a sus residentes. Pero, y con más razón, la medida apunta a inmigrantes hispanos, asiáticos y africanos, violando el principio constitucional de no discriminación.