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sábado, noviembre 26, 2022

Ley de Carga Pública entra en vigor

Desde el lunes 24 de febrero, los solicitantes de visado a Estados Unidos o los inmigrantes que buscan obtener una tarjeta de residencia permanente (green card) tendrán que probar que no serán una “carga pública” para el Estado.

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Así lo dicta la nueva reglamentación, vetada por el presidente e instituida con el fin de evitar que los inmigrantes hagan uso de algunos servicios y subsidios estatales como el programa de alimentación o facilidades médicas.

Los inmigrantes que deseen aplicar para un permiso de residencia tendrán ahora que lidiar con este criterio de selección. Es una forma, así mismo, de evitar la entrada de los solicitantes más pobres al país.

Esta nueva normativa provoca un cambio sustancia en la política y el sistema migratorio general. El criterio de “carga pública” segmentará a los solicitantes de acuerdo a variables como ingresos, edad y capacitación.

Por supuesto, la ley no fue y no será asumida con pasividad por las judicaturas del país. Mientras está en vigor, varias salas y tribunales intentarán apelar. Un fallo eximió a Illinois de acatar la normativa, pero fue levantada la misma semana de la inauguración de la norma.

Por lo demás, la normativa de “carga pública” no aplica a los solicitantes de ciudadanía. Tampoco será retroactiva, por lo que los solicitantes que enviaron sus formatos antes del 24 de febrero no serán juzgados bajo la lupa de los nuevos criterios.

¿Qué significa ‘carga pública’?

De acuerdo con los nuevos estándares de selección para la recepción y aprobación de permisos de residencia y visas, un solicitante será considerado como ‘carga pública’ si recibe “uno o más beneficios públicos” (entiéndanse estos como subsidios, subvenciones o ayudas estatales) durante más de 12 meses en un periodo de 3 años.

Sin embargo, también se considera como ‘carga pública’ a alguien que, aún cuando no haya recibido ayudas públicas en el espacio de tiempo establecido, se sospecha, podría demandarlas por su falta de recursos, así que la ley también contempla a aquellos que podrían llegar a necesitar beneficios públicos.

Por este motivo, el criterio de selección para inmigrantes se resume en uno que solo considera candidatos con medios suficientes para suplir sus necesidades sin ayudas del gobierno.

Por la ambigüedad legal de la norma, se teme que aquellos inmigrantes que ya se encuentran en el país eviten buscar ayudas públicas como subsidios alimenticios temiendo que en un futuro no puedan llegar a obtener la residencia.

En suma, las variables por las que una persona será evaluada al momento de aplicar para una residencia permanente, extender su estadía de acuerdo con su visa o solo ser admitida en el país recaerán sobre la edad, la salud, el estatus familiar, los activos, recursos, estatus financiero, educación y capacitación.

El riesgo más crítico de una normatividad como esta se ha mencionado anteriormente: que quienes ya estén en el país eviten hacer uso de los programas públicos por miedo a no recibir un permiso de residencia, lo que se traduce a faltas en atención médica o desnutriciones en caso de que no haya dinero para alimentación y no se acuda a los programas estatales.

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