México endurece su política de control migratorio en el interior del país

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El gobierno mexicano, en cabeza del presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha impulsado una regularización del fenómeno migratorio centroamericano a través de una política de contención. Las últimas decisiones del gobierno configuran una inversión en relación con la antigua postura de “puertas abiertas”.

El endurecimiento de la política migratoria mexicana tuvo su máxima expresión hace algunos días, con la detención de 371 personas centroamericanas que caminaban hacia Estados Unidos. “No queremos que tengan libre paso, no solo por cuestiones legales, sino por cuestiones de seguridad”, dijo AMLO.

Otro episodio tuvo lugar en Pijijiapan (Chiapas), cuando unos 3.000 migrantes de mayoría hondureña se desplazaba a pie hacia el norte. Los agentes de la Policía Federal detuvieron al extenso grupo mientras caminaba por la carretera; muchos de ellos fueron capturados y transportados en buses oficiales hasta varios centros de internamiento en Tapachula. Serán liberados en tanto se regularice su condición.

Un cambio sustancial de la política migratoria tiene que ver con la expedición de las llamadas “tarjetas de visitante regional”, un sustituto de las visas humanitarias. Nada más en enero, estas visas seguían en vigor, y consistían en permisos renovables de un año que permitían a los inmigrantes trabajar y beneficiarse de algunos servicios sociales. Pero ahora, la “tarjeta de visitante regional”, limita la facultad de movilización de los inmigrantes a solo cuatro Estados del sur, manteniendo la intensión de llegar a Estados Unidos en improbable.

El Instituto Nacional de Migración (INM), encargado de gestionar asuntos migratorios en México, retiene a por lo menos 5.000 personas en instalaciones de Chiapas (frontera con Guatemala), mientras se tramitan los permisos de movilidad. Algunas organizaciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han denunciado hacinamiento y carencia de condiciones dignas.