Quienes hayan pasado por un país diferente a Estados Unidos no podrán aplicar a petición de asilo

456
P1.21
P1.21

Otra nueva victoria de la Administración federal de Estados Unidos podría dificultar las condiciones necesarias para aplicar al asilo en el país. Esta vez, el apoyo fue del Tribunal Supremo, que aprobó temporalmente la normativa planteada por el gabinete de Donald Trump y propone nuevos requisitos para los solicitantes.

Estos requisitos hacen que, en teoría, pedir asilo en Estados Unidos para ciudadanos provenientes de Centroamérica, y específicamente de Honduras, Salvador y Nicaragua, sea inviable.

En resumen, el Tribunal Supremo suspendió la orden previa de un juez de California que había prohibido la decisión de la Administración de negar el asilo a los solicitantes que hubiesen tocado tierras estadounidenses después de haber pisado otro país. Así las cosas, ahora, quien después de desplazarse de su país de origen y no haya pasado primero por Estados Unidos, no podrá aplicar a la solicitud de asilo, y tendrán que hacerlo en los países adonde lleguen primero. Por supuesto, estos países podrán ser Guatemala o México.

Las únicas excepciones son aquellos extranjeros que hayan sido víctimas de trata de personas o hayan sido rechazados en el primer país en donde pidieron asilo (cosa que consecuentemente podría limitar las posibilidades de obtenerlo en Estados Unidos). En suma, esta nueva normativa dificultará de sobremanera —haciendo casi imposible— que quienes piensen pedir asilo en Estados Unidos puedan hacerlo sin antes haber pasado por al menos México.

“Una vez más, el Ejecutivo emite una orden que pretende anular prácticas de muchos años con respecto a los refugiados que buscan refugiarse de la persecución[…] Aunque esta nación ha mantenido sus puertas abiertas a los refugiados durante mucho tiempo —y aunque lo que se juegan los solicitantes de asilo no podría ser más elevado— el Gobierno implementó esta norma sin un aviso público primero ni pidiendo la opinión pública requerida por ley”, criticaron dos de las juezas que componen el grupo del Supremo y que se opusieron con su voto a la normativa, Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor (hispana).

Esta es la segunda decisión en línea que resulta altamente favorable para los intereses del gobierno, teniendo en cuenta que en julio el Supremo aprobó el uso de los $2.500 millones extraídos del Departamento de Defensa para inyectar en la construcción del muro fronterizo.

Al norte queda una decisión aun pendiente en la dependencia judicial: la abolición rotunda del DACA, el programa del gobierno que ofrece una serie de garantías legales a miles de jóvenes que llegaron al país como hijos de padres indocumentados.