Trump firma memorándum que busca excluir a indocumentados del Censo 2020

Este martes 21 de julio, el presidente Donald Trump firmó un memorándum dirigido al Secretario de Comercio, encargado de dirigir el Censo, con el fin de excluir a los inmigrantes indocumentados del conteo nacional.

“He determinado, para el respeto de la ley y de la protección de la integridad del proceso democrático, la exclusión de los extranjeros ilegales de la base de reparto”, se lee en el texto oficial.

Además advirtió que este hecho podría ser definitivo para futuros procesos similares: “Será política de los Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad”.

Esta medida sobre la población indocumentada llega luego de que la Corte Suprema negara la pregunta sugerida por la administración que buscaba indagar por la nacionalidad de los censados.

La importancia de la medida reside en la trascendencia del Censo a la hora de decidir en qué territorios se gasta el dinero de los contribuyentes en programas que implican, por ejemplo, la construcción de escuelas, hospitales, o el fortalecimiento de fuerza pública, departamento de bomberos, etc., además de calcular, por supuesto, el número de participación por estado en la Cámara de Representantes.

Ante este último punto, la representación de cada estado, fue explícito el presidente: “La inclusión de estos extranjeros ilegales en la población de un estado con el propósito del reparto (de escaños) podría implicar la atribución de tres o más banquillos del Congreso que de otro modo serían asignados de forma diferente”.

Estas repercusiones son las que han movido a distintos sectores opositores a enumerar las consecuencias negativas de adoptar la medida. Así, Krish O’Mara Vignarajah, jefe del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, refirió a la orden del presidente como un acto inhumano.

“La inhumanidad de la orden por sí sola es asombrosa. Pero sus implicaciones para nuestra nación, para los millones de personas que no serán contabilizadas en fondos públicos para escuelas, hospitales o servicios de emergencia, entre otros, son simplemente desmesuradas”, expresó en comunicado este martes.

O’Mara alude al carácter inconstitucional de la medida, efecto que fue replicado por Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de la ACLU: “La Constitución exige que todos en los EE. UU. sean contados en el censo. El presidente Trump no puede escoger y elegir”.

También se alzaron voces de oposición en aquellos estados en que la presencia de indocumentados es importante y definitiva a la hora de pensar la política pública: “El esfuerzo ilegal de Trump está diseñado para inyectar nuevamente miedo y desconfianza en las comunidades vulnerables y tradicionalmente menos contadas, mientras siembra el caos con el Censo”.

Así lo asume la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, Demócrata elegida por el estado de California. “La Cámara de Representantes disputará enérgicamente el intento inconstitucional e ilegal del Presidente de perjudicar el Censo”, concluyó.

California se cuenta entre los estados con mayor número de inmigrantes indocumentados de todo el territorio nacional, de hecho, contiene a cerca de la cuarta parte del estimado de más de 10 millones que residen en Estados Unidos. De acuerdo con datos del 2019 de Pew Research Center, junto a California se encuentran Texas, Florida, New York, New Jersey, Georgia e Illinois con cifras que superan los 400.000 indocumentados y que en algunos casos supera el millón.

Los manifestantes apuntan a que la medida busca favorecer la agenda Republicana mediante la “manipulación” de los datos que el Censo esté en virtud de ofrecer. Y aseguran que darán la disputa legal pata que la medida no se ejecute.

Más allá de las diferentes críticas referentes a las posibles consecuencias de la medida, los reclamos hacia la inviabilidad de su implementación resultan de igual modo llamativos. Por ejemplo, Joshua A. Geltzer, director del Instituto de Defensa y Protección Constitucional de Georgetown, comentó que la medida “Debería ser legalmente imposible y, de hecho, difícil de hacer”.

En la teoría, como reportó el portal virtual Aljazeera, los funcionarios públicos podrían identificar la ciudadanía de los residentes del país mediante los registros administrativos, como la base de datos que proviene del seguimiento a las licencias de conducción, que serían contrastadas con información ya recopilada en otras encuestas realizadas por la Oficina del Censo.

Pero, ante esta posibilidad, se ha argumentado por demógrafos y grupos de defensa de inmigrantes por igual, que los datos están lejos de ser confiables y que impedirían la objetividad que se traza como objetivo en este proceso. Y aún más: la ley federal prohíbe de forma explícita el uso de estimaciones de población para fines de redistribución.

La polémica arriba en tiempos controvertidos, en los que por primera vez se está respondiendo un Censo en línea, a  consecuencia del Covid-19, y que de seguro tomará mucho más de lo que se tenía estimado, de hecho, se espera que solo hasta el próximo año estén listos los resultados.

Incluso, esta semana, la Oficina de Censo comenzó el proceso de enviar personal encargado de administrar el cuestionario a los hogares de familias que no han completado el proceso. Los datos suministrados por la Oficina afirman que cerca del 62% de los hogares estadounidenses se han contado de forma satisfactoria.