Vuelve y juega: la pregunta por la ciudadanía podría aparecer en el Censo de 2020

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A raíz de la más reciente disputa entre la Administración del gobierno y colectivos proinmigrantes por insertar la pregunta de la ciudadanía en el Censo General del 2020, el 12 de febrero, una jueza del Distrito de Columbia resucitó la propuesta.

El estado anterior de la cuestión era inoperante cuando el 15 de enero, por la acción de un juez de New York, Jesse M. Furman, que decretó, en un texto de 277 páginas firmado por 17 estados, que invalidaba la viabilidad de la pregunta en el Censo.

Por su parte, Census Bureau, entidad a cargo del Censo y regentada por el Departamento de Comercio, extendió hasta octubre la fecha limite para imprimir los cuestionarios, que inicialmente tenía como plazo máximo el mes de junio.

Y es que, precisamente, el Departamento de Comercio, presidido por Wilbur L. Ross, está en toda la voluntad de insertar la pregunta en el censo. La cuestión fue denunciada por docenas de estados y ciudades, así como varios colectivos jurídicos, bajo la razón de que, al añadir la pregunta, la población inmigrante del país, temiendo las consecuencias de admitir su condición de ciudadanía ilegal, tenderán a no participar del Censo y, por lo tanto, a quedar infrarrepresentados.

Y aquí el asunto se torna más político aun, por cuanto la población inmigrante, al quedar infrarrepresentada en el Censo, no contará para el Congreso, y los estados con mayor población inmigrante perderán recursos y financiamiento, así como escaños en ambas Cámaras. Los estados más afectados serán los que mantengan una mayor proporción de población inmigrante, como California, New York, Florida o Illinois.

La decisión de la inclusión de la pregunta se debate con mayor poder entre el Congreso y el Tribunal Supremo, este último, ladeado hacia la orilla Wilbur L. Ross, decretaría a su favor en un juicio que se ha venido aplazando por su controversia.

El Congreso podría tomar la decisión a través de la incursión de una legislatura que prohíba modificaciones en el Censo sin un plazo máximo de consideración. Una propuesta (IDEA Act), propuso un plazo de tres años para que las propuestas de cada Censo (que se realiza cada diez años) puedan ser discutidas. Para eso es necesario un debate público, en una Cámara Baja dominada por los Demócratas, quienes representan estados en donde buena parte de su población es inmigrante.

Pero ahora, una nueva victoria legal favorece al Departamento de Comercio y a la Administración del gobierno. El 8 de febrero, la jueza del Tribunal del Distrito de Columbia, Dabney Friedrich, rechazó la solicitud de una orden judicial preliminar -y uno de los principales fundamentos para el bloqueo de la pregunta- presentada por la organización sin ánimo de lucro, Electronic Privacy Information Center. 

La organización había denunciado el inmediato bloqueo de la pregunta en el Censo bajo el argumento de que el gobierno tuvo que haber hecho una evaluación PIA, privacy impact assessment (evaluación del impacto en la privacidad) antes de intentar añadirla sin más.

La corte no estuvo de acuerdo con el argumento: “Census Bureau no violó la ley cuando decidió recopilar datos sobre la ciudadanía antes de realizar, revisar o publicar un PIA para abordar la decisión”, dictó Friedrich.

Esta denuncia se suma a las, por lo menos, otras doce que intentan derribar el fallo por el cual la pregunta saldría en el Censo de 2020. Por el momento, todo apunta a que el Tribunal Superior se encargará de decidir sobre el fallo.