El permiso de trabajo (conocido como EAD) es un beneficio crucial para los indocumentados que buscan asilo en Estados Unidos.
Este permiso les permite obtener un empleo legalmente mientras esperan la resolución de su solicitud de asilo.
Sin embargo, acceder a este derecho no es un proceso inmediato ni exento de complicaciones, como revela la información proporcionada por Univision Noticias.
El proceso para obtener una autorización de empleo se inicia 150 días (aproximadamente 5 meses) después de haber presentado la solicitud de asilo ante el servicio de inmigración o un juez de inmigración.
Un periodo de espera puede ser especialmente desafiante para los solicitantes, ya que muchos de ellos enfrentan dificultades económicas y de subsistencia durante ese tiempo.
Y aunque la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración tiene un plazo de 30 días hábiles para otorgar el permiso de trabajo, en la práctica, este plazo a menudo no se cumple.
En realidad, la espera puede extenderse durante semanas o incluso meses.
Esta demora puede generar ansiedad y dificultades financieras para quienes buscan rehacer sus vidas en Estados Unidos.
¿Cuál es la situación de los permisos de trabajo para los asilados?
Hasta el 31 de marzo, la base de datos de USCIS registraba un total de 417,759 solicitudes de permiso de trabajo para asilados a través del Formulario I-765.
Esta cifra refleja la gran demanda y la importancia de este beneficio para los solicitantes de asilo.
Además, el reglamento vigente establece que, teóricamente, se puede solicitar el permiso de trabajo después de 180 días desde la presentación de la solicitud de asilo.
Aunque, debido a las demoras en el procesamiento, USCIS permite que el trámite se inicie a los 150 días (5 meses) desde la fecha registrada en el Formulario I-589.
Es relevante señalar que el reglamento no especifica si se otorgará el permiso de trabajo una vez que el solicitante ingrese al país en busca de asilo o cuando solicite la protección del gobierno.
Asimismo, la situación se complica para aquellos que son trasladados de un estado a otro, como parte de políticas estatales.
Ya que tanto el gobierno federal como los abogados explican que se trata de extranjeros en proceso de asilo y liberados debido a que no representan una amenaza para el país.
Y eso no es todo, los solicitantes de asilo deben ser cautelosos con posibles estafas.
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Algunas personas sin escrúpulos pueden aprovecharse de la situación y ofrecer servicios relacionados con el asilo a cambio de dinero.
Es esencial que los solicitantes se informen adecuadamente y eviten tratar con personas no autorizadas para representarlos en casos de inmigración.
Pues esto podría tener consecuencias negativas, como la pérdida de dinero y, en algunos casos, una orden de deportación.
