El presidente Joe Biden ha asumido un papel protagónico en las complejas negociaciones del Senado que buscan reformar de manera fundamental la política migratoria del país.
Este cambio de enfoque responde a las demandas republicanas, quienes condicionan el respaldo financiero a Ucrania e Israel a modificaciones sustanciales en la postura migratoria del país.
La propuesta de Biden de realizar “concesiones significativas en la frontera” a cambio de destrabar la asistencia a los aliados en conflicto ha desencadenado un proceso de diálogo.
En el que se busca reconciliar las preocupaciones sobre seguridad nacional y la asistencia humanitaria.
Shalanda Young, directora de presupuesto de Biden, ha subrayado la imperiosa necesidad de alcanzar un acuerdo mutuamente aceptable.
Mientras tanto, el senador republicano James Lankford, líder de las negociaciones, ha destacado el aumento descontrolado de la migración desde México como una situación que “literalmente se está saliendo de control”.
Ante esto, defensores de la inmigración, expresan inquietudes sobre posibles cambios que podrían debilitar las protecciones esenciales para aquellos que buscan refugio.
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¿De qué tratan los cambios en la política migratoria de Biden?
En el centro de la discusión se encuentra el ‘parole humanitario’, una herramienta crucial en la política migratoria de la administración Biden.
Este mecanismo, que permite la entrada caso por caso por razones humanitarias urgentes, está siendo examinado por los republicanos.
Quienes lo ven como un medio para eludir el proceso legislativo y facilitar la entrada masiva de personas.
Además, se debate intensamente sobre la política de asilo.
Los legisladores exploran la posibilidad de establecer estándares más rigurosos para los solicitantes, reformar la entrevista de miedo creíble y agilizar el proceso de deportación.
La propuesta busca ajustar la evaluación inicial de asilo, con la opción de enviar de vuelta a aquellos que no cumplan con los nuevos requisitos.
La negociación también se adentra en la deportación acelerada, una medida creada en 1996 que permite la expulsión rápida de ciertos inmigrantes sin intervención judicial.
En resumen, las actuales negociaciones sobre la política migratoria reflejan un intento de encontrar un equilibrio delicado entre la seguridad fronteriza y la humanidad.
Abordando las preocupaciones de ambas partes en un momento crítico para la administración Biden.
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