El gobierno de Biden anunció cambios significativos en las regulaciones de asilo y el proceso de deportación, en un intento por abordar los crecientes desafíos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos.
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El cambio consiste en darle a los agentes de la Patrulla Fronteriza el permiso de rechazar la entrada de solicitante de asilo.
El agente de la patrulla tomará la desición antes de que el solicitante tenga un juicio, y lo hará revisando directamente las pruebas que los inmigrantes ofrezcan.
Si el patrullero no encuentra razones fuertes de que el solicitante esté huyendo de peligro, lo deportará inmediatamente, sin la intervención de un juez.
“Esta regla permitiría al DHS expulsar más rápidamente a aquellos que están sujetos a las prohibiciones y representan un riesgo para nuestra seguridad nacional o pública”, de acuerdo con la agencia.
Estas modificaciones elevan el estándar de las entrevistas de “temor creíble” e incrementan sustancialmente los recursos destinados al cumplimiento de la ley migratoria.
Qué dicen los críticos
En el ámbito del asilo, el nuevo criterio exige que los solicitantes presenten pruebas concretas de persecución o peligro, como informes policiales, en lugar del estándar anterior de “posibilidad significativa”.
Este endurecimiento apunta a reducir el número de solicitudes de asilo débiles y agilizar la deportación de quienes no cumplan con el umbral probatorio más alto.
Se prevé que los requisitos más estrictos conduzcan a un aumento sustancial en las deportaciones.
Aquellos solicitantes de asilo que no alcancen el nuevo estándar podrían ser deportados de manera expedita, por ello algunos críticos de la medida dicen que podría aumentar el rechazo de casos legítimos.
La administración ha destacado que actualmente, el 80% de los casos de asilo remitidos son desestimados, con solo un 20% de éxito.
Para respaldar estos cambios, el gobierno planea incrementar significativamente el personal y los recursos.
Esto incluye la contratación de 4.300 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, 4.300 oficiales adicionales de asilo y 1.200 nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Además, se establecerán 100 nuevos equipos de jueces de inmigración, secretarios y asistentes para atender la mayor carga de casos, y las instalaciones de detención verán un aumento en su capacidad.
Un avance controversial
Mientras que la Casa Blanca ha expresado un fuerte respaldo a estos cambios, enfatizando su importancia para la seguridad nacional y la necesidad de reformar el sistema migratorio, ha habido críticas significativas por parte de defensores de la inmigración y expertos legales.
Los detractores argumentan que las nuevas regulaciones podrían conducir a abusos y reducir las oportunidades para que los solicitantes de asilo legítimos encuentren refugio en Estados Unidos.
Estos cambios forman parte de un plan bipartidista más amplio que incluye reformas sustanciales a la seguridad fronteriza y los procesos de los tribunales de inmigración.
Sin embargo, el plan enfrenta una oposición significativa de los republicanos conservadores en el Congreso, lo que podría obstaculizar su implementación.
